FIN DEL PARTIDO:
ENFRENTAMIENTO Y DESACATO
Se enfrentan, pues, un Poder real emanado del
pueblo – la Asamblea Nacional - con una ficción parida por la írrita voluntad
del ilegítimo presidente de la república y sus pandillas : el TSJ. Tan es así,
que el “Kronjurist” del régimen, Hermann Escarrá, ha señalado inequívocamente
que la autoridad de los miembros de la Asamblea y, por ende, sus disposiciones,
decretos y leyes dictadas en el ejercicio de sus legítimos cargos, no pueden
ser cuestionados ni revocados por ese mamarracho constitucional de este espurio
e ilegítimo tribunal fantasma.
Antonio Sánchez García
@sangarccs
EL 6D, LA GRAN MARCHA y
VILLA ROSA acotaron los términos del enfrentamiento entre el régimen, su
gobierno dictatorial y el pueblo democrático. Más evidencias y de mayor calado,
imposible: el gigante ha despertado, se ha puesto en marcha y ha terminado por
acorralar en sus últimos bastiones a la pandilla que usurpa el Poder. Ante la
irreversible y progresiva gravedad de la crisis de todo orden que paraliza al
país, nos encontramos en la etapa final de este largo y accidentado
enfrentamiento entre la dictadura y la democracia, a la espera del
desenlace. Que no puede ser ni será otro
que el desalojo de la dictadura. No es el comienzo del fin ni el fin del
comienzo: es el fin del fin. Hagan las apuestas.
La decisión del régimen
debe estar tomada: a juzgar por todos los indicios no cumplirá con la
obligación constitucional de celebrar el RR este mismo año. Insiste en
mantenerse en el Poder contra todas las determinaciones constitucionales. Y la
más importante de ellas: la voluntad soberana del pueblo, que en su inmensa y
aplastante mayoría exige el desalojo de Nicolás Maduro y su tinglado
dictatorial al más corto plazo. Con lo cual procede a dar pruebas de un primer
desacato a la legalidad. Sin dinero, sin medios y sin el respaldo de la calle,
¿cuáles son los recursos con que cuentan Nicolás Maduro y su pandilla, máximos
responsables de la crisis humanitaria y de gobernabilidad? En primer lugar, la
asistencia y respaldo de todo orden prestado por la tiranía cubana que los somete
y controla. Y cuya sobrevivencia le es existencialmente necesaria, así ya
extienda sus brazos mendicantes y limosneros hacia Putin, a ver si le vende
petróleo a precios especiales. Que los rusos no son idiotas y no le regalarán ni
un sólo barril. Nadie en el mundo más mala paga que el castrismo. Para eso, para
regalar lo ajeno, sólo los chavistas. Pues ya debiera estar meridianamente
claro – así Washington y el Vaticano se hagan los desentendidos – que el
gobierno de Nicolás Maduro es una satrapía al servicio de los Castro. Y que el régimen articula sus distintos
tentáculos según las ordenanzas provenientes de La Habana. Tentáculos de los
cuales las fuerzas armadas bajo control de Vladimir Padrino, en primer lugar, y
el TSJ, parido por el calenturiento cerebro de Raúl Castro, en segundo lugar,
son los pivotes esenciales de sostenimiento.
Al parecer, y tras las
descomunales manifestaciones de poderío expresadas el 6 de diciembre, el 1 de
septiembre y el sismo de mediana intensidad de Villa Rosa – que presagia
réplicas de infinita mayor intensidad -
el respaldo de las fuerzas armadas debe encontrarse en veremos. Nadie se
abraza a un ahogado atado a un riel en medio de un mar tempestuoso. Ya resuena
desde el más allá, entre los nubarrones de tormenta: “Vámonos, general, que el
pescuezo no retoña”. Lo cual significa que la salida gorila, que sería el sueño
de Raúl Castro, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami, debe ser
considerada cancelada. Más temprano que tarde, los senderos de la sociedad
civil y del mundo militar volverán a encontrarse. Para bien de unos y otros. Ni
las fuerzas armadas pueden seguir cargando con el bacalao de sus narco generales,
ni la sociedad civil arriesgando más vidas.
En el contexto de una
acelerada pérdida de respaldo internacional y acuciado por la necesidad de
aparentar cierta institucionalidad, el régimen apuesta a un conflicto de
poderes. Fracasado de plano su intento por empatar el juego de las marchas, del
que salió hundido en el ridículo del anciano portavoz, temblequeante y ya decrépito;
arrollado su intento de congraciarse con el pueblo repintando unas viviendas construidas
durante la Cuarta en Villa Rosa, que pudo haberle costado disgustos cruelmente
mayores, Maduro recurre al ajedrez institucional: TSJ contra Asamblea Nacional.
Olvida y pisotea lo esencial: la Asamblea es
producto de un empoderamiento constitucionalmente válido e irrevocable otorgado
por el soberano el 6 de diciembre de 2015, con la misma mayoritaria y
abrumadora voluntad expresada el 1 de septiembre de 2016. El TSJ, muy por el
contrario, es un poder derivado violando todas las disposiciones
constitucionales y sin siquiera atender a las normas establecidas
constitucionalmente para lapsus y requisitos del nombramiento de los más altos
magistrados. Se enfrentan, pues, un poder emanado del pueblo con una ficción
parida por la írrita voluntad del cuestionado presidente de la república. Tan
es así, que el “kronjurist” del régimen, Hermann Escarrá, ha señalado
inequívocamente que la autoridad de los miembros de la Asamblea y, por ende,
sus disposiciones en el ejercicio de sus legítimos cargos, no pueden ser
cuestionados por ese mamarracho constitucional de este espurio e ilegítimo TSJ.
Hago mías las serias
objeciones manifestadas contra la actitud y comportamiento de la actual
Asamblea Nacional y los desplantes de su presidente, por el historiador Elías
Pino Iturrieta en su importante artículo del domingo pasado en este mismo
periódico. Ha sido la propia asamblea la que ha permitido sean burladas y
menospreciadas sus intransferibles atribuciones y haya realizado promesas que
no ha sido capaz de cumplir. Olvidando que ese poder emanado del soberano tuvo
muy precisas encomiendas: liberar a los presos políticos, abrirles las puertas
a los exiliados y desalojar al presidente de la República, ilegítimo por origen
y desempeño. No es venezolano, según ordena la Constitución. De modo que,
indistintamente de la última disposición de este írrito TSJ, ninguna de las
leyes y disposiciones emanadas de la AN han tenido el más mínimo efecto.
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